Según Infobae, la nueva normativa apunta a centralizar los requisitos de ingreso y activar controles constantes sobre las pensiones por invalidez. A través de este reordenamiento administrativo, se busca optimizar el uso de los fondos públicos. 

El Gobierno nacional impulsó un nuevo marco normativo para las pensiones por invalidez, con el objetivo de corregir las distorsiones del sistema actual y unificar los criterios de otorgamiento. Según informó Infobae, el proyecto de ley busca eliminar la dualidad entre discapacidad e invalidez laboral, estableciendo que el beneficio se otorgue únicamente a quienes acrediten una incapacidad total para trabajar y se encuentren en situación de indigencia o vulnerabilidad económica. Esta reforma administrativa apunta a centralizar los requisitos de acceso y garantizar que la asistencia estatal sea asignada con mayor precisión.

Un eje central de la iniciativa es la implementación de auditorías permanentes y un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios actuales. A través de este mecanismo de fiscalización constante, se pretende depurar el padrón y detectar irregularidades mediante el cruce de datos con organismos como ANSES y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El texto establece que la falta de cumplimiento con estas revisiones o la detección de inconsistencias en la condición médica o socioeconómica resultará en la suspensión inmediata de la prestación, priorizando la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Finalmente, el nuevo esquema propone un sistema de financiamiento definido para otorgar previsibilidad y sostenibilidad al régimen de pensiones no contributivas. La propuesta legislativa contempla la federalización de los controles y habilita a las provincias a participar activamente en la gestión del beneficio mediante convenios específicos. Con esta reorganización, el Estado busca optimizar los recursos destinados a la seguridad social, asegurando que las prestaciones lleguen de manera efectiva a los ciudadanos que realmente cumplen con las exigencias legales y de salud.