Durante el jueves pasado, la Cámara de Diputados albergó un intenso debate sobre el futuro institucional del sector yerbatero nacional. Allí se reunieron representantes de productores, industriales y molineros que expusieron posiciones irreconciliables respecto al rol que debe cumplir el Estado en esta actividad.

El núcleo del conflicto giró alrededor del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Los cultivadores exigieron que esa institución recupere capacidades regulatorias que considera fundamental para su supervivencia. Explicaron que la debilidad actual del INYM ha dejado indefensos a los productores agrícolas frente a la concentración de poder que ejercen los compradores industriales. Sin facultades de intervención, sostienen, la cadena funciona con reglas injustas.

Los molineros presentaron la contracara de este argumento. Desde su sector promueven una lógica completamente opuesta: buscan desregular la yerba mate para permitir mayor libertad en las operaciones comerciales. Consideran que la burocracia administrativa encarece costos y reduce competitividad. Su propuesta es que el mercado funcione sin mediación estatal que según ellos distorsiona los precios.

Esta grieta profunda que divide al sector yerbatero tiene raíces históricas y económicas complejas. Los pequeños productores dependen de la regulación para no ser absorbidos por actores más grandes, mientras que los industriales ven en la regulación un obstáculo para sus negocios.

Para los diputados que escucharon los distintos testimonios, la tarea resulta ardua. Cualquier decisión legislativa favorecerá a unos mientras perjudica a otros. La interrogante fundamental es si existe algún modelo institucional capaz de armonizar intereses tan contrapuestos dentro de la cadena yerbatera argentina.

Imagen: Tamara Mangold / Pexels – Con informacion de Clarín Rural