Mediante una acción del Gobierno, fue revocado el financiamiento que permitía a infantes con diagnóstico oncológico y personas portadoras de discapacidad acceder gratuitamente al transporte urbano e interurbano. El oficialismo justificó la medida señalando insuficiencia de recursos.

El Ejecutivo aclaró que el beneficio de gratuidad continúa siendo un derecho exigible, aunque ya no cuente con asignación presupuestaria específica. Evalúa que las resoluciones previas que establecían las compensaciones «no poseen fundamentación que las justifique en el contexto actual».

Dos colectivos poblacionales resultan directamente alcanzados: menores bajo tratamiento quimioterápico y ciudadanos con capacidades diferentes certificadas. Ambos venían accediendo sin dificultades al transporte mediante la presentación de documentación habilitante.

La ausencia de un fondo destinado específicamente a compensar a empresas transportistas genera dudas sobre cómo se procesarán futuras solicitudes de gratuidad. Sin mecanismo de pago, la operatividad del derecho queda comprometida pese a las declaraciones del Gobierno.

Desde la administración nacional se señaló que se exploran alternativas para mantener la gratuidad mediante instrumentos presupuestarios diferentes. No obstante, estos mecanismos aún no han sido detallados públicamente ni implementados.

Organizaciones que representan a personas con discapacidad permanecen atentas a las decisiones futuras, conscientes de que sus afiliados requieren certidumbre respecto de este beneficio. De igual forma, asociaciones de padres de menores oncológicos se encuentran evaluando el impacto de la medida.

La derogación se inscribe dentro de un conjunto más extenso de redefiniciones de gasto público que promueve la administración actual.

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