Los recursos financieros necesarios para prevenir y controlar inundaciones están disponibles en el presupuesto estatal, pero son desviados hacia el financiamiento general del Tesoro. Esta situación pone de manifiesto una brecha significativa entre la intención legislativa y la ejecución administrativa de políticas públicas destinadas a la prevención de desastres.

Un fondo específicamente creado por ley para enfrentar los problemas de inundaciones funciona como una fuente adicional de financiamiento para las arcas nacionales, en lugar de ejecutarse en obras preventivas y estructurales. El dinero no falta; lo que falta es la decisión de utilizarlo conforme a su propósito original.

Esta desconexión entre lo prescripto legalmente y lo ejecutado prácticamente representa un desafío importante para la gobernanza estatal. Las comunidades que enfrentan riesgos hídricos recurrentes siguen esperando inversiones que reduzcan su vulnerabilidad, mientras los fondos destinados a protegerlas sostienen otras prioridades presupuestarias.

El problema trasciende la cuestión técnica o económica. Aunque los números permiten financiar las obras necesarias, la falta de voluntad política para ejecutarlas mantiene en suspenso soluciones a un problema crónico. La pregunta fundamental es si existe el compromiso institucional para transformar los fondos asignados en infraestructura concreta que mejore las condiciones de resiliencia frente a inundaciones en el territorio nacional.

Imagen: Nataliya Vaitkevich / Pexels – Con informacion de Clarín Rural